Violencia económica - GoldenRiesco

Cuando se habla de violencia intrafamiliar, la mayoría de las personas piensa en agresiones físicas. Sin embargo, el ordenamiento jurídico chileno reconoce formas de maltrato -que no dejan marcas visibles- pero que pueden ser igual de devastadoras: la violencia psicológica, la violencia sexual y, más recientemente, la violencia económica.

Esta última distinción fue expresamente incorporada en la Ley N° 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar mediante la modificación introducida por la Ley N° 21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. A partir de esta reforma, el incumplimiento reiterado del pago de pensiones de alimentos, cuando tiene por objeto menoscabar o controlar la posición económica de la mujer, constituye un acto de violencia intrafamiliar con consecuencias penales.

La ley establece que quien estando obligado al pago de pensiones de alimentos, y con el propósito de afectar económicamente a la mujer, incumpla de manera reiterada dicha obligación, será sancionado con las penas establecidas para los actos de violencia intrafamiliar.

El elemento clave es la reiteración: se entiende que existe incumplimiento reiterado cuando el deudor permanece por más de 120 días inscrito en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

"Esta norma vino a llenar un vacío real en nuestra legislación. Veíamos cotidianamente casos en que la falta de entrega de pensiones era usada como herramienta de control y presión sobre mujeres que, además de enfrentar la ruptura familiar, quedaban sin recursos para cubrir las necesidades más básicas de sus hijos. La ley finalmente le pone nombre a eso: violencia", señala el socio fundador del estudio Roberto Goldenberg.

La denuncia puede presentarse ante el Juzgado de Familia, Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones. En este tipo de casos, la inscripción en el Registro de Deudores sirve como antecedente relevante, aunque no es el único medio de prueba. El tribunal evaluará el contexto y el patrón de conducta del deudor para determinar si existe el elemento de control o menoscabo económico que exige la norma.

"Es importante que las personas sepan que no hay que esperar a que el incumplimiento sea absoluto ni que haya agresión física para actuar. Si hay un patrón de incumplimientos sostenidos en el tiempo, especialmente cuando coincide con episodios de presión o control sobre la víctima, ya hay elementos para actuar legalmente. El primer paso siempre es consultar con un abogado", advierte Carolina Riesco Fuenzalida, socia fundadora.

Además de las sanciones penales contempladas en la Ley de Violencia Intrafamiliar, el deudor inscrito en el Registro Nacional enfrenta consecuencias prácticas significativas: la información es pública, puede ser consultada por empleadores, instituciones financieras y organismos del Estado, lo que impacta directamente su situación laboral y crediticia.

A esto se suman los mecanismos de apremio ya existentes en la Ley N° 14.908, como el arresto nocturno, arraigo nacional, retención judicial de remuneraciones y retención de devoluciones de impuestos, entre otros. La combinación de estas herramientas permite que el arsenal legal disponible para proteger a las víctimas de violencia económica sea hoy más robusto que nunca.

Si usted enfrenta una situación de incumplimiento reiterado de pensión de alimentos, especialmente si lo vive como una forma de control o presión, es fundamental actuar con asesoría jurídica oportuna. En Goldenberg & Riesco Abogados contamos con experiencia en causas de familia y podemos orientarle sobre los pasos a seguir según su situación específica.