CONCESIONES MARÍTIMAS
EN CHILE: LO QUE DICE LA LEY, LO QUE OCURRE EN LA PRÁCTICA Y LO QUE REVELAN LOS
DATOS REALES
La
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas anunció un récord histórico de
concesiones marítimas tramitadas en 2024. Los datos reales cuentan una historia
muy distinta: solo el 7% fueron aprobaciones efectivas, y los plazos legales de
tramitación siguen siendo letra muerta para quienes invierten en el borde
costero chileno.
Junio - 2026
Obtener una concesión marítima en Chile no
debería ser una odisea. La ley fija plazos. La institucionalidad existe. Los
organismos competentes operan. Sin embargo, cualquier empresa o persona que
haya transitado por ese proceso sabe que la realidad dista profundamente de lo
que el marco normativo promete.
A fines de 2024, la Subsecretaría para las
Fuerzas Armadas — organismo a cargo de tramitar las concesiones marítimas en
Chile — comunicó con orgullo que había alcanzado un récord histórico: 847
concesiones marítimas tramitadas solo en el primer semestre del año, superando
ampliamente los promedios anteriores. La noticia fue celebrada como una señal
de modernización y eficiencia del Estado. Pero los datos reales que subyacen a
esa cifra cuentan una historia radicalmente distinta.
Lo que dice la ley y lo que ocurre en la
práctica
El sistema de concesiones marítimas en Chile
está regulado por el DFL 340 de 1960 y el Reglamento de Concesiones Marítimas.
La norma establece que la tramitación de una concesión debe completarse dentro
de plazos razonables, y la propia Subsecretaría ha fijado como meta cumplir un
plazo de seis meses, con aspiración de doce.
En la práctica, la realidad es otra, los
plazos de tramitación de concesiones marítimas en Chile se extienden
habitualmente por más de dos años, y en muchos casos superan los tres o cuatro
años desde la presentación de la solicitud hasta la resolución final. Factores
como la coordinación con múltiples organismos —Directemar, municipios,
servicios sectoriales, comunidades— la evaluación ambiental y la acumulación
histórica de solicitudes pendientes han generado un cuello de botella
estructural que ninguna mejora de gestión ha logrado resolver de fondo.
El récord que no era récord: lo que ocultan
las cifras
Un análisis basado en una solicitud de
transparencia a la SS.FF.AA. revela que el anunciado récord de tramitaciones
esconde una realidad preocupante. Del total de concesiones procesadas en 2024,
solo el 7% correspondió a otorgamientos efectivos de nuevas concesiones —
equivalentes a 77 aprobaciones — el número más bajo desde el año 2006.
Proyectando linealmente las cifras al cierre del año, el total estimado de 89
aprobaciones anuales sería el más bajo desde 2009.
El grueso del récord anunciado se explica por
otra razón: el 83% de las tramitaciones finalizadas corresponde a concesiones
rechazadas o desistidas. Los desistimientos —es decir, solicitudes que los
propios interesados retiraron antes de ser resueltas, o que se declararon
desistidas por no haber cumplido los solicitantes con requerimientos de la
autoridad dentro del plazo que ésta fija (generalmente 5 días hábiles)—
escalaron de 84 en 2023 a 734 en 2024. En muchos casos, este desistimiento
implica que el solicitante, tras haber incurrido en todos los costos de
presentación y tramitación, decidió abandonar el proyecto asumiendo las
pérdidas, o volver a iniciar el proceso desde cero ante la perspectiva de un
rechazo.
En otras palabras: el Estado procesó más
expedientes que nunca, pero principalmente para cerrar solicitudes que no
prosperaron. Las concesiones nuevas efectivamente aprobadas — aquellas que
habilitan inversión, generan empleo y desarrollan el borde costero — están en
su nivel más bajo en quince años.
Las consecuencias jurídicas de la demora
Los plazos de tramitación no son solo un
problema de eficiencia administrativa, sino que también un problema jurídico y
financiero con consecuencias directas para quienes invierten en actividades que
requieren una concesión marítima: acuicultura, turismo náutico, instalaciones
portuarias, plantas de desalinización, proyectos energéticos costeros y tantos
otros.
Mientras la concesión no está otorgada, el
solicitante no puede operar con certeza jurídica. Los contratos de inversión y
financiamiento quedan en el aire, los proyectos se paralizan. En algunos casos,
permisos sectoriales obtenidos durante la tramitación vencen antes de que la
concesión se resuelva, obligando a reiniciar parte del proceso y si la
solicitud es finalmente rechazada después de años de espera — o si el
solicitante desiste ante la incertidumbre — los costos incurridos no son
reembolsables.
Todo esto ocurre en un marco normativo que,
en teoría, debería dar certeza y predictibilidad. No obstante, la brecha entre
lo que la ley promete y lo que el sistema entrega es el principal obstáculo
jurídico para el desarrollo del borde costero chileno.
"En la práctica, cuando un cliente nos
consulta sobre una concesión marítima, lo primero que hacemos es advertirle que
los plazos legales y los plazos reales son mundos distintos. El plazo de
tramitación que señala la Subsecretaria para las FFAA de seis a doce meses; No obstante, la
experiencia indica que en la mayoría de los casos hay que proyectar no menos de
dos años, y con frecuencia más. Esa brecha tiene consecuencias jurídicas
concretas que hay que gestionar desde el inicio del proceso", señala Roberto
Goldenberg Fernández, socio fundador de Goldenberg & Riesco Abogados.
¿Qué puede hacer quien enfrenta este
escenario?
La planificación jurídica desde el inicio del
proceso es determinante. Ello implica estructurar correctamente la solicitud
para reducir la probabilidad de observaciones o rechazos; anticipar la
coordinación con los organismos que deben pronunciarse; gestionar adecuadamente
los plazos de los permisos sectoriales complementarios;
"La concesión marítima es un instrumento
potente pero exigente. Requiere una estrategia jurídica desde el primer día: no
basta con presentar la solicitud y esperar. La acumulación de observaciones,
los plazos de los distintos organismos involucrados y la coordinación con las
comunidades son puntos críticos que pueden hacer la diferencia entre un proceso
fluido y uno que se extienda por años", advierte Carolina Riesco
Fuenzalida, socia fundadora de Goldenberg & Riesco Abogados.
En Goldenberg & Riesco Abogados
contamos con experiencia en la tramitación de concesiones marítimas y podemos
asesorarle en cada etapa del proceso.